Bolívar
y La Guerra Social

Por Juan Bosh

III — Venezuela en la primera mitad del siglo XVIII

Al comenzar el siglo XVIII, Venezuela era una tierra de gente pobre. Es muy importante tener en cuenta eso, si se quiere com­prender la evolución histórica venezolana, porque cincuenta años después en el país habría numerosas familias criollas enrique­cidas, y ennoblecidas por haber comprado títulos de nobleza con la riqueza adquirida en tan cortos años; y ese paso tan rápido de una condición económica y social baja a una alta explica los sucesos que tuvieron lugar a principios del siglo XIX. Hombres que comenzaron compartiendo la pobreza con sus vecinos de las ciudades y las Villas del País, o qué llegaron de la Península con cargos medianos, pasaron a ser ricos, a tener carruajes y escla­vos, a contraer matrimonio con mujeres que llevaban apellidos linajudos, a ennoblecerse con títulos comprados.

La situación del país era tal al iniciarse el siglo XVIII, que el duelo por la muerte de Carlos II, el Hechizado, no pudo mani­festarse porque los vecinos de Caracas no podían comprar telas negras y por tanto no podían salir a la calle ni podían asistir a los funerales del difunto monarca. En Caracas no se conseguían telas, fueran o no negras, ni vinos ni aceite; la Cajas Reales no dis­ponían de un céntimo para las necesidades de la defensa. En 1703 no había harina; en 1704 hubo que llevar maíz y casabe desde Santo Domingo.

En el año de 1704 sólo se exportaron 8.000 fanegas de cacao, el producto criollo de más salida en el exterior. Sin embargo, en los diez años transcurridos de 1720 a 1730 se exportaron 256.081 fanegas de cacao, es decir, treinta y dos veces lo que salió del país en 1704; y estas últimas cifras dan idea de cómo y con qué rapi­dez comenzó a desarrollarse el país bajo el gobierno de los Borbones y sirven para explicar, de paso, por qué el pueblo comenzó a llamar "grandes cacaos" a los nuevos ricos.

Al terminar en 1725 el primer cuarto del siglo, Venezuela estaba exportando cacao, tabaco, cueros, muías, y produciendo azúcar, queso, maderas, algodón. A base del trabajo esclavo, los terratenientes se enriquecían de un año para otro, pero al mismo tiempo —como sucede siempre en momentos de cambio económicos beneficiosos para una minoría—, la moral pública se relajaba gracias al soborno. En un minucioso informe rendido en 1720 por don Pedro José Olavarriaga, juez de comisos y futuro primer presidente de la Compañía Guipuzcoana, se afirma que la moral de los funcionarios era baja, especialmente la de los encargados de evitar el comercio ilegal, tanto si era el de importación de contrabando como si era el de exportación sin autorización.

Los terratenientes esclavistas y los comerciantes prosperaban sin trabas, porque si había trabas, desaparecían mediante el soborno; y con el dinero que acumulaban compraban títulos de nobleza e iban formando una casta que se aislaba del pueblo mediante un complicado sistema de prejuicios que llegó a ser de los más intolerantes de América. Cuanto más reciente era el título comprado, más se aferraba el propietario a ese sistema de prejuicios.

En 1728 se fundó la Compañía Guipuzcoana, con privilegios para monopolizar el comercio exterior de la provincia. La corona era accionista de la compañía, lo que indica que el trono español había pasado a tener conciencia de que en la nueva era, el Estado tenía un papel que jugar como socio en empresas comerciales. La explotación de una colonia no se basaba ya sólo en participar a través del cobro de impuestos en la explotación de la riqueza natural, sino que había que ir más allá y participar en lo que hoy se llama "promoción de la riqueza".

La creación de la Compañía Guipuzcoana derogó, automáticamente, el papel monopolista de la Casa de Contratación; por tanto, Venezuela no seguiría dependiendo de la flota anual sino de su propio poder productor, y cuanto más produjera, más barcos viajarían a sus puertos en busca de sus frutos y más mercaderías llegarían para beneficio de sus mercaderes. Esto significaba un avance importante, pues bajo las condiciones anteriores, si había un año de alta producción de cacao, por ejemplo, y no llegaban barcos de la Casa de Contratación, el cacao no tenía salida hacia el exterior, con lo que se perjudicaban los productores, y si no llegaban buques con efectos de importación, el comercio se arruinaba.

La oposición a la compañía fue viva desde el primer momento. Las naves de la empresa comenzaron a llegar a Venezuela en 1730, y en 1732 se produjo la primera sublevación, la del zambo Andresote, en el Yaracuy. El zambo Andresote pretendía defender el derecho de los venezolanos a comerciar libremente con las Antillas holandesas. La compañía tenía fuerza militar propia, dedicada a asegurar sus privilegios pero pagada por el Real Tesoro, y con esas fuerzas la compañía se enfrentó al zambo Andresote- Los criollos protegieron a Andresote, y entre esos criollos abundaron los grandes terratenientes de Yaracuy y hasta de Caracas, que no estaban a gusto con la aparición de un poder nuevo que llegaba a competir con ellos en la posición dominante que habían tenido hasta entonces en la vida económica de la provincia.

En 1736 hubo una sublevación de funcionarios de la compañía contra el vecindario de Carora y las autoridades de la Santa Hermandad; en 1741 hubo en San Felipe motines que tuvieron como resultado la rebaja de categoría de la ciudad, cuyos habitantes se rebelaron debido a que un funcionario de la compañía había sido designado teniente y justicia mayor de San Felipe; en 1745 se descubrió un complot en que figuraban nobles de Caracas, muchos canarios y algunos clérigos que se habían confabulado para evitar que el cabildo de la capital siguiera en manos de funcionarios de la compañía. Por último, en 1749 estalló la sublevación de Juan Francisco León, la más importante de cuantas había conocido el país hasta entonces.

Visto que la compañía y el trono eran asociados, los funcionarios públicos tenían órdenes de dar protección a la compañía; ésta, a su vez, realizaba ciertos trabajos públicos, como la vigilancia de las costas. En cierto sentido, el gobernador, representante de Su Majestad, era un miembro de la compañía; pero cuando el gobernador era más adicto a actuar como funcionario real que como agente comercial de Su Majestad, se presentaban conflictos, que generalmente eran resueltos a favor de la compañía mediante la compra de la buena voluntad del funcionario con influencias en Madrid o con regalías en dinero.

La compañía procuraba que los delegados reales en ramos del gobierno conectados con el comercio fueran hombres suyos, con preferencia vizcaínos. En abril de 1749, el vizcaíno Martín de Echevarría se presentó en el pueblo de Panaquire a hacerse cargo del -presto -de juez de comisos, que le había sido asignado por el gobernador Luis Francisco Castellanos. El juez de comisos de Panaquire era el canario Juan Francisco León, que desempeñaba también el cargo de teniente cabo de guerra. La población de Panaquire se negó a aceptar la sustitución del canario Juan Francisco León por el vizcaíno Martín de Echevarría, y reclamaba que si León había de ser sustituido, que no lo fuera por un vizcaíno .

Este incidente, ocurrido en un pequeño pueblo del interior, provocó la rebelión. Acompañado de gente de Panaquire, León salió hacia Caracas; en el trayecto se le unió gente de Caucagua, Guatire, Guarenas, y al llegar a Chacao —que es hoy es parte de la ciudad de Caracas—, el 19 de abril, era ya la cabeza de una poblada en que participaban, según afirmaba el mismo León, "la nobleza y la plebe". Al escribir al gobernador explicándole las causas del movimiento, León dijo que su intención ues la destrucción de la Compañía Guipuzeoana", no únicamente como empresa comercial sino además como centro de un grupo racial, política y económicamente privilegiado, pues pedía que "la gente vizcaína. . . no ejerzan. . . los empleos de tenientes o ministros de justicia que actualmente ejercen", y además reclamaba que "en toda la provincia no han de quedar de esta raza persona alguna, que todas se han de embarcar en el primer vajel o nao que se hallare en la bahía y en defecto se aprontará, a costa de dicha gente vizcaína, nao para el asunto".

Juan Francisco León hacía saber claramente que era leal al rey, pero que pedía "en nombre del común" —esto es, de toda la población de la provincia— una nueva política económica. Con notable visión de lo que significaba la opinión pública, se dirigió a los cabildos pidiéndoles que declararan si la compañía había sido o no había sido conveniente al desarrollo del país; explicaba que no debía expulsarse a los vizcaínos que trabajaban por cuenta propia sino sólo a los funcionarios de la compañía. El cabildo de Caracas, que desde el movimiento de 1745 estaba compuesto de cacao y de ganado, expuso sus quejas contra la compañía. El gobernador Castellanos parecía acceder a todo.

Pero el gobernador estaba ganando tiempo. Cuando advirtió que el cabildo de Caracas apoyaba a León, Castellanos abandonó la capital de la provincia y se hizo fuerte en La Guaira. León marchó sobre Caracas al frente de una tropa de ocho mil hombres, entró en la ciudad el 1 de agosto y siguió hacia La Guaira. El gobernador ordenó que fueran enviados a Macuto, para embarcarlos hacia España, todos los funcionarios de la compañía, con lo cual León se tuvo por satisfecho y dispersó su ejército.

Tres semanas después llegaba a Venezuela un oidor de la Audiencia de Santo Domingo. Todavía para esa época Santo Domingo era la cabeza judicial de la provincia venezolana, a pesar de que Venezuela había alcanzado para entonces un desarrollo económico, político y cultural mucho más alto que la vieja colonia de Santo Domingo. El oidor abrió juicio sobre la rebelión. Juan Francisco León presentó informes de los ayuntamientos, de las personas más notables, así religiosas como seglares, y testimonios de todas las actuaciones violentas o perjudiciales al pueblo que había realizado la compañía.

En noviembre de ese año de 1749 —es decir, casi ocho meses después de haberse iniciado la revuelta— llegó a Venezuela don Julián de Arriaga y Rivero para sustituir al gobernador Castellanos. Habiendo estudiado el juicio que se seguía, comprendió que la mayoría de los habitantes de la provincia que tenían negocios de alguna índole habían participado, en una o en otra forma, en los hechos capitaneados por Juan Francisco León; y por tal razón concedió un indulto y prometió tomar medidas que mejoraran la situación de agricultores y comerciantes.

En enero de 1750, León dirigió a Arriaga un memorial notable, por cuanto es todo un tratado de política económica avanzada, muy parecido al que preconizaban, justamente por esos años, los neo-mercantilistas como don José Campillo y Cosío, el autor del ya mencionado "Nuevo Sistema de Gobierno Económico para la América".

Resulta notable también que ese movimiento de rebeldía, expresión pública de un estado social injusto, estuviera encabezado por un canario y que en la lista de los implicados abundaran los canarios. En la composición social de la Venezuela del siglo XVIII, los canarios tenían una situación ingrata. Ni la nobleza criolla, ni los latifundistas, ni los altos comerciantes españoles les daban a los canarios categoría de peninsulares. En cierta medida, eran considerados raza inferior, al extremo que los matrimonios de canarios con las jóvenes de familias criollas distinguidas se consideraban atentados imperdonables contra la dignidad del grupo oligárquico. Precisamente, por canario fue vejado el padre de Francisco de Miranda, y por ser éste hijo de canario nunca sería aceptado por los "grandes cacaos" caraqueños. Es una curiosa coincidencia que ese año del memorial de León al gobernador Arriaga naciera en Caracas Francisco de Miranda, el precursor de la independencia venezolana, y no es coincidencia que los canarios comenzaran la guerra social de 1812 bajo la jefatura del también canario, Domingo Monteverde.

Juan Francisco León conocía la situación de la provincia. Los tenientes justicias monopolizaban el pequeño comercio en los valles de Aragua, que eran las tierras más ricas en las vecindades de Caracas; a la vez que funcionarios públicos, los tenientes justicias eran negociantes y empleados de la Compañía Guipuzcoana y exigían derechos ilegales por el transporte del ganado de un pueblo a otro; a los peones agrícolas que cobraban su trabajo en productos, no en dinero, se les prohibía sacar esos productos de los pueblos si no- pagaban derecho de salida que la ley no establecía; los comerciantes que traficaban entre pueblos con mercancías tenían que pagarles mesadas ilegales.

Por otra parte, la compañía pagaba los productos agrícolas a precios tan bajos que los pequeños agricultores se arruinaban, y no había otro comprador a quien venderle; a la vez, la compañía pagaba los frutos que adquiría con mercancías llevadas de España y obligaba a los agricultores a aceptar en pago muchos productos que ellos no necesitaban. A menudo la compañía se negaba a recibir tabaco porque decía que era de mala calidad, pero no lo devolvía a sus dueños sino que lo tiraba al mar.

Venezuela era víctima de un monopolio férreo que atacaba a todas las clases sociales, pero sobre todo a las más débiles debido a que los funcionarios de ese monopolio se corrompían con facilidad y rapidez, y los productores más débiles no tenían con qué sobornarlos; los productores más fuertes, los "grandes cacaos", conseguían privilegios porque tenían medios para sobornar a los funcionarios. Como jefe del movimiento contra el monopolio, Juan Francisco León presentó una lista de las medidas que el país reclamaba para que la situación mejorara. El historiador venezolano Eduardo Arcilla Farías ha resumido esas medidas en trece puntos:

Que se permitiera la fluctuación de precios según la oferta y la demanda; que se garantizara la libre conducción del cacao desde los campos de producción hasta los puertos de embarque; que el cacao pudiera venderse libremente al mejor comprador; que hubiera libertad de exportación del cacao a otros lugares del imperio, sobre todo a Veracruz, y que se ampliara el cupo fijado al cacao en los barcos que viajaban a México; exclusión del comerciante de la ciudad en la venta de cacao para el exterior y eliminación del padrón por el cual se repartía la tercera parte de cada buque de Nueva España (México) entre todos los cosecheros de la provincia (venezolana); eliminación del impuesto de un peso por cada carga de cacao que se conducía desde el interior hasta los puertos de embarque; prohibición de permuta obligatoria, y por tanto libertad para comprar y vender por plata o por frutos, según convinieran los contrayentes; libertad de navegación; eliminación de las restricciones que afectaban al tabaco; prohibición absoluta de que los funcionarios administradores de justicia ejercieran el comercio; que se prohibiera usar la caña en fabricar aguardiente, para que no se encareciera el dulce (azúcar); que el contrabando se combatiera con la importación de todos los géneros indispensables; y por último que la compañía indemnizara a todos los perjudicados y que restituyera a la provincia "todo aquello que por su causa ha perdido y dejado de aprovechar en el precio del cacao, en los embarques de este fruto y en las compras de los efectos que han venido de fuera".

Es casi seguro que ese memorial fue escrito con la colaboración de personas que procedían de muchos círculos sociales, de casi todos los círculos sociales productores de riqueza. En él se defendían los intereses de los poderosos latifundistas que deseaban vender libremente su cacao en el exterior, el de los comerciantes canarios, el de los productores de caña y tabaco y hasta el del arriero que llevaba mercancías de pueblo en pueblo en función de buhonero. El memorial unificaba a muchos sectores sociales y además fue redactado con el criterio económico más moderno a la fecha, el mismo que exponían en Madrid los hombres más avanzados. En medio siglo, la provincia venezolana había pasado de la miseria, la ignorancia y la timidez política, a ser campo donde se debatían y se presentaban con firmeza intereses importantes e ideas atrevidas.

El año de 1750 resultó así decisivo en la historia de Venezuela. Si no se atendían las peticiones de la provincia, los colonos se llenarían de peligrosos resentimientos; si se atendían, llegarían a ser prontos más ricos, más ambiciosos, menos dóciles. El destino de Venezuela quedó trazado en esos días, y con el destino de Venezuela, como sabe todo el que tiene alguna noticia sobre la historia de América, quedó trazado también el del Continente.

A comienzos de 1751 llegó a Caracas un nuevo gobernador, el brigadier Felipe Ricardos. Llegaba a imponer la autoridad real, que había salido maltrecha de los sucesos de 1749. Ricardos restableció la Compañía Guipuzcoana y se dispuso a castigar sin contemplación a los revoltosos.

Al iniciarse la prisión de muchos de sus partidarios, León respondió con una sublevación armada. Convocó a gente de Barlovento, de la costa y de Aragua. Su hijo atacó y tomó Caucagua el 15 de agosto, pero tuvo que abandonar la plaza cinco días después. Mientras tanto, el nombre de León era aclamado por partidas que se alzaban en Maracay, Guacara, San Diego, Los Guayos y Cagua.

El gobernador Ricardos actuó con energía; apresó, desterró, mantuvo la persecución de Juan Francisco León con tanta tenacidad, que el rebelde se vio forzado a entregarse. Sus bienes y los de sus hijos fueron confiscados; su casa quedó arrasada y se sembró sal en los cimientos.

Pero en su nueva etapa, lentamente, la Real Compañía Guipuzcoana fue satisfaciendo, en su mayor parte, las reclamaciones que figuraban en el memorial de Juan Francisco León.

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