“El 15 de julio de 1997, a las cinco y media de la mañana, llamaron con violencia a la puerta de mi casa en Mapiripán. Abrí y vi a dos hombres armados. Me preguntaron quién era. Les dije que Leonardo Cortés Novoa, el juez municipal. Sentí miedo.

Los hombres ordenaron que me vistiera y que los acompañara. A su lado estaban los primeros pobladores que iban a ser asesinados. Me dijeron que eran de las Autodefensas y que tenían una lista en la que aparecían las personas que eran incómodas para sus intereses.

De pronto, no sé por qué, uno de los paramilitares se arrepintió de llevarme y me pidió las llaves de mi oficina. Se las entregué, pero me quedé con un duplicado. Y empezó el terror.

Mi casa estaba a media cuadra del matadero municipal. En esos cinco días ocurrió lo que todo el mundo sabe: empezaron a sacar gente de las casas, y se escuchaban gritos y lamentos de personas que eran torturadas. Fue algo espantoso.

A Mapiripán llegó un equipo de guerra de unos 300 hombres. En el día permanecían en el pueblo o en las afueras. Por la noche salían y uno ya sabía que era el grupo de ‘limpieza’. A unos los llevaban para el matadero, a otros los desaparecían.

Durante los días que estuvieron los ‘paras’ en Mapiripán, yo iba a la oficina y desde allí informé por escrito, a mis superiores en Villavicencio, a la Cruz Roja Internacional, a la Procuraduría y a la Fiscalía, que se estaba perpetrando una masacre.

El 16 de julio llamó el mayor Hernán Orozco Castro, porque el alcalde no estuvo en el pueblo los días de la masacre. Era que de antemano se sabía que iban a llegar los ‘paras’. Mucha gente se fue antes y sólo nos quedamos los pendejos.

La noche del 19 de julio los ‘paras’ dijeron en el pueblo que me iban a matar. Ellos tenían la certeza de que yo los había denunciado y buscaban los oficios que envié a las autoridades. Esos papeles no los escondí en mi oficina sino en la de mi hermano Francisco. Como no encontraron nada, no me mataron.

‘A usted lo van a matar’

El 20 de julio, el inspector Luis Fernando Prieto, cuando se enteró de que yo había amanecido vivo, fue a mi casa y le dijo a mi mujer que me iban a matar. Cuando regresé a la casa ella estaba llorando. Entonces busqué al inspector. ‘Sí, a usted lo van a matar’, me dijo.

Sentí mucho miedo, además no tenía dinero. Por esos días llegaron a Mapiripán muchas avionetas y tuve la suerte de que mi papá había acordado con una piloto mi salida y la de mi familia. La piloto me advirtió que sólo me llevaría hasta San José del Guaviare. Y así fue.

Antes del mediodía llegamos a San José. En el aeropuerto vimos gente armada que no era del Ejército. Parecían paramilitares que recibían entrenamiento. Extrañamente, allí había una base militar de EU.

Me dirigí al Palacio de Justicia. Allí fueron solidarios conmigo. En un juzgado hice un último oficio en el que denuncié el asesinato de 26 personas (la Fiscalía habla de 49), y que me vi obligado a renunciar al cargo porque me iban a matar.

Después me fui para un hotel y allí me contactó el mayor Hernán Orozco, con quien había hablado durante los días de la masacre. Él me ofreció un helicóptero para sacarme con mi familia. Le dije que no, que eso era cobardía, que yo no podía salir como una rata.

A finales de agosto de 1997 me dijeron que me fuera para Carurú, en Vaupés, con el argumento de que era preferible que trabajara en zonas donde operara la guerrilla y no el Ejército. Yo respondí que eso no tenía sentido porque a Mapiripán, que al parecer era de la guerrilla, se entraron los ‘paras’ y casi nos matan a todos.

Entonces el Consejo Superior de la Judicatura me envió a El Cairo, en el Valle del Cauca. Allí duré un mes. Cuando las autoridades se enteraron de que me iban a matar, la Fiscalía fue por mí, me sacaron y me dieron protección. Así y todo, se me declaró insubsistente.

La Fiscalía me llevó a Cali. El CTI de la Fiscalía me quitó documentos que eran pruebas de la masacre. Después, en la Fiscalía, me dijeron ‘comandante’, como si yo fuera guerrillero, y que si quería un mejor hotel me declarara guerrillero.

Rumbo al exilio

Luego fui trasladado a Cota, Cundinamarca, donde el alcalde me alertó sobre los peligros que corría. En ese momento acepté la ayuda de la Fundación Fasol y del Cinep. Salí del país el 3 de diciembre de 1997. Llegué a Europa, donde he permanecido estos cinco años. Aquí me he dedicado a aprender alemán e inglés. Donde estoy es muy difícil entrar a la universidad y conseguir trabajo. Mi familia y yo vivimos de la asistencia social o, mejor dicho, de la caridad.

Mis niños van a escuela pública. Desde que llegamos entendimos que no van a ir a la universidad. Esto aquí es clasista. Pero quiero ser justo y decir que las autoridades nos apoyan.

¿Y mi parte anímica? Mis padres y los seis hermanos tuvimos que salir de Colombia. Estamos regados en tres países. En Vichada, dos hombres se les acercaron a mi mamá y a una hermana, se levantaron los ponchos y les mostraron armas.

Mi hija menor nació donde estoy ahora. Aquí me dicen que es colombiana porque es hija de refugiados. Y yo les digo que ella no existe en Colombia.

Tengo serias dudas sobre la investigación por la masacre. Nunca la Fiscalía hizo una indagación seria. Creo que el caso va para la impunidad total”.