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La
Guerra Federal
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Escritos de: |
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Guerra Federal 20.2.1859-24.4.1863 Guerra civil venezolana, también
conocida con el nombre de Guerra Larga, Revolución Federal o Guerra de los
Cinco Años, utilizada esta última denominación por aquellos historiadores
que sitúan el comienzo de la guerra con los primeros alzamientos ocurridos
contra el recién instaurado gobierno de Julián Castro (mayo-julio 1858).
Fue, después de la Guerra de Independencia, la más larga contienda civil que
haya asolado el territorio nacional y fue, para Venezuela, una prolongación
de la Guerra de Independencia en cuanto a los problemas de carácter social y
político, dejados sin resolver una vez lograda definitivamente la
emancipación de España con las victorias de 1821 y 1823 y la separación de
la Gran Colombia bolivariana en 1830. El «país político» que nace entonces en 1830 es la expresión de estos grupos dominantes. El resquebrajamiento del consenso inicial es, más que todo, producto de los intereses antagónicos que enfrentan, progresivamente, los 2 principales sectores de esta oligarquía ante el nuevo papel que desempeña Venezuela en el cuadro de la economía mundial: el sector de los hacendados y el sector de los comerciantes. La Venezuela de 1830 era, virtualmente, un campamento armado de ex combatientes de la Independencia, recompensados, muchos de ellos, con la adjudicación de tierras. Esta clase «latifundista» veía coartada su participación efectiva en la conducción de los destinos de la nueva república por la centralización del poder, legitimada por la Constitución de 1830, bajo el gobierno de José Antonio Páez y sus sustentadores: el rico sector de la burguesía comerciante, principalmente caraqueña, núcleo dominante del Partido Conservador. Las primeras rebeliones de 1830-1831, iniciadas en el oriente del país, apuntaban a debilitar o a destruir la base de poder de Páez y restaurar los privilegios de los militares-hacendados, además de ser una manifestación del regionalismo político que venía desde la Colonia y se había fortalecido durante los primeros años de la guerra emancipadora. De esta manera, los rebeldes abogaban por un gobierno federalista como la estructura política más viable para mantener el control sobre su dominio regional. De la misma manera, la llamada Revolución de las Reformas de 1835-1836 fue un renovado intento para limitar, bajo el manto del federalismo, el poder del grupo dirigente y otorgar a los hacendados unas mayores prerrogativas, tanto políticas como económicas. La unanimidad que se manifiesta en torno a la aprobación de la Ley de Libertad de Contratos del 10 de abril de 1834 es el reflejo pasajero de unos años de relativa bonanza económica, particularmente en las zonas de producción agrícola de los valles centrales. En los llanos, la lenta recuperación de la ganadería, diezmada durante las campañas de la emancipación, se enfrenta a una tensa situación de carácter social: los nuevos amos del suelo, amparados por una legislación más severa aún que durante la Colonia, buscan frenar, sin lograrlo completamente, el incremento del abigeato y la permanencia endémica del llamado «bandolerismo», manifestación primigenia de una profunda inconformidad social. La crisis económica, cuyos efectos se empiezan a sentir en el país a partir de 1842, agudiza las tensiones latentes. La pauperización creciente de pequeños y medianos propietarios, desposeídos de su tierra por los efectos del encarecimiento del crédito y de las ejecuciones de hipotecas y la marginalización de pequeños comerciantes, vinculados esencialmente a los circuitos de distribución interna de los productos agropecuarios (siendo ilustrativo en este sentido el caso de Ezequiel Zamora), son las principales causas de los levantamientos de los años 1846 y 1847, cuya expresión política se refleja en la creciente radicalización de los planteamientos del Partido Liberal y de su vocero, el periódico El Venezolano. Sin embargo, ni el Partido
Liberal, ni su jefe nominal, Antonio Leocadio Guzmán, aunque estuviere
comprometido éste último en las insurrecciones de 1846, consideran una
modificación de las estructuras sociales; su lucha sigue enmarcada dentro
del contexto de los intereses de una clase propietaria, la de los
hacendados. En ese sentido, la elección de José Tadeo Monagas en los
comicios de 1846 no es sino el producto de lo que el historiador Federico
Brito Figueroa califica como «una prevaricación política». La década de
consolidación en el poder de la «autocracia liberal» (1848-1858), después de
los acontecimientos del 24 de enero de 1848 y de la derrota de José Antonio
Páez (agosto 1849), presencia algunas reformas en favor de los
terratenientes: abolición de la esclavitud y otorgamiento de indemnizaciones
a los antiguos propietarios de esclavos; modificación de la Ley del 10 de
abril de 1834 y de su corolario, la Ley de Espera y Quita de 1841. Pero, por
sobre todo, el dominio político de la dinastía monaguera se traduce por un
proceso de acaparamiento de tierras, particularmente en la región oriental
del país, mediante la adquisición de baldíos así como de antiguos resguardos
indígenas, las cuales quedan en manos de los 2 reducidos grupos que rodean,
en su turno, tanto al presidente José Tadeo Monagas como al presidente José
Gregorio Monagas y a su familia. Ante esta situación, una fracción del
Partido Liberal logra un entendimiento con los grupos conservadores bajo la
consigna de «Unión de los venezolanos y olvido de lo pasado» que lleva al
derrocamiento de José Tadeo Monagas en marzo de 1858. El 7 de junio de 1858, un decreto del presidente Castro ordena la expulsión de Venezuela de Juan Crisóstomo Falcón, Ezequiel Zamora, Wenceslao Casado, Antonio Leocadio Guzmán, José Gabriel Ochoa, Fabricio Conde y otros futuros jefes de la contienda armada, mientras en los valles de Aragua, en la sierra de Carabobo y en los llanos de Portuguesa se levantan en armas, bandas de «campesinos armados», bajo el liderazgo de «hombres oscuros» (es decir mestizos) como Zoilo Medrano o José de Jesús González, el Agachado, quien había acompañado a Zamora en la rebelión de 1846. Mientras la insurrección se extendía, el Gobierno se encontraba cada vez más incapacitado para suprimir tales estallidos; a medida que se propagaba la revuelta, se aceleraban su vigor y su ritmo. Rumores de que el Gobierno se proponía restablecer la esclavitud y que los hierros que se utilizaban para marcar los sacos de añil serían, en realidad, hierros para marcar a los futuros esclavos, servían para exaltar el terror de las poblaciones rurales a las cuales se les decía, además, que iban a ser vendidas a los ingleses quienes, supuestamente, iban a utilizar su carne para hacer jabón y sus huesos para fabricar mangos de cuchillos y de bastones. En respuesta, las consignas de: «¡Mueran los blancos!» y «¡Hagamos una nación para los indios!», eran muestras del grado de violencia alcanzado. Mientras tanto, la reunión en Valencia de una Convención Constitucional intentaba traducir los principios de la Revolución de Marzo en términos de un programa político. Los diputados liberales ante la Convención se hicieron voceros de un sistema federal de gobierno, el cual, junto con el sufragio universal era, según ellos, «…lo que se necesitaba para asegurar la estabilidad de Venezuela…» La nueva Constitución del 31 de diciembre de 1858 buscaba conciliar los puntos de vista liberales y conservadores. Sancionaba el sufragio universal de varones, reafirmaba la abolición de la esclavitud y esbozaba unas reformas en sentido federalista con la elección de gobernadores de provincia y mayores poderes para los municipios. Pero, en realidad, la nueva Carta
Magna se encontraba desfasada con relación al desarrollo de los
acontecimientos en el país. Desde el destierro, en las vecinas islas
caribeñas de Curazao y Saint Thomas, los jefes liberales expulsados en junio
de 1858 se organizaban, preparaban tropas, elaboraban programas
(destacándose entre ellos el Programa de Federación, elaborado en Saint
Thomas por la Junta Patriótica de Venezuela, presidida por Félix María
Alfonzo). En agosto de 1858, un intento de los liberales para derrocar a
Julián Castro, conocido como La Galipanada, es debelado y fracasa; pero el
domingo 20 de febrero de 1859, el comandante Tirso Salaverría, seguido de 40
hombres, asalta con éxito el cuartel de Coro, se apodera de 900 fusiles y
lanza el «Grito de la Federación», cuya fecha pasará luego a formar parte
del escudo nacional, al lado de la fecha del 19 de abril de 1810. La guerra
había empezado. Durante el tiempo en que duró la contienda armada, el debate político, centrado en Caracas, giró en torno a la oposición tradicional entre los sectores liberales y conservadores. Roto el consenso inicial de la Revolución de Marzo de 1858, Julián Castro buscó la alianza de uno u otro bando con el fin de lograr su propia permanencia en el poder. Sus maniobras, sin embargo, sólo lograron acelerar su caída (1.8.1859); el establecimiento de un efímero Gobierno provisional federalista que dura menos de 24 horas y que, después del episodio de La Sampablera (2.8.1859), es reemplazado por un nuevo Gobierno de tendencia conservadora. Sin embargo, dentro del propio Partido Conservador, se enfrentan 2 tendencias: la de los «constitucionalistas» o «legalistas», voceros de un Gobierno civilista y que apoyan a Manuel Felipe de Tovar y Pedro Gual; y la de los «dictatoriales», encabezados por Pedro José Rojas, quienes promueven la figura de José Antonio Páez como única salida para restablecer la paz. El segundo regreso de Páez a Venezuela, en marzo de 1861, sirve para agudizar estas tensiones que resultan en el derrocamiento del presidente Pedro Gual (29.8. 1861) y la proclamación de una dictadura, encabezada por Páez pero dirigida, en realidad, por Pedro José Rojas. Con la instauración de este gobierno dictatorial, el partido conservador quedó formando agrupaciones sin dirección y sin programa específico; y es dentro de este contexto que debe entenderse el documento redactado y firmado por representantes de la burguesía comercial caraqueña (el sector civilista del conservadurismo), quienes, dirigiéndose a la Cancillería británica a través de la misión diplomática inglesa en Caracas, imploraban la intervención de Inglaterra, a cambio de la oferta de «…desprenderse del territorio de la Guayana y negociarlo con la Gran Bretaña, pagando con él la deuda extranjera contraída con súbditos ingleses, y además la deuda externa de la República…» (22.11.1861). Se trataba, en ese sentido, de
pedir una intervención, tanto contra los insurgentes federalistas como
contra el Gobierno paecista que había iniciado, para esa fecha, unas
conversaciones con Falcón en busca de un entendimiento político. Estas
conversaciones, llevadas a cabo en la sabana de Carabobo (diciembre 1861),
no lograron resultado favorable, prolongándose la lucha hasta las
negociaciones del Tratado de Coche, en abril de 1863. Después de la derrota sufrida,
Falcón resuelve dispersar su ejército y, prácticamente hasta la negociación
final, salvo en la batalla de Buchivacoa antes mencionada, el resto de los
encuentros armados no involucró, en promedio, a más de 300 combatientes en
uno y otro bando. Según los datos compilados por Manuel Landaeta Rosales,
entre 1859 y 1863, se libraron 2.467 acciones guerrilleras y 327 «batallas»
que conforman el marco de referencia para la cronología militar de la Guerra
Federal. El saldo en vidas de la contienda no se ha podido determinar con
precisión: las estimaciones varían entre 150.000 y 200.000 muertos (sobre
una población total de aproximadamente 1.800.000 h, o sea entre un 8% y un
11% de la población del país), aunque es necesario señalar que la malaria y
las disenterías cobraron probablemente un número mucho mayor de víctimas que
los combates propiamente dichos. Desde un punto de vista demográfico, además
de la pérdida en vidas humanas, la Guerra Federal generó un importante
proceso de movimiento de poblaciones, tanto por los combatientes que
desplazó dentro de los teatros de operaciones guerrilleras como por las
migraciones que suscitó, particularmente desde los llanos de Barinas y
Portuguesa hasta la zona andina. Al igual que en 1813-1814 con las huestes de José Tomás Boves, el ansia igualitaria de la «sociedad llanera» se enfrenta a la «sociedad jerárquica» que de hecho, han mantenido las instituciones republicanas del país. Más que una «insurrección campesina», en el sentido europeo de la palabra, la Guerra Federal presenció un renovado intento de fusión entre 2 realidades sociales y raciales, blancos contra razas mezcladas, de la Venezuela agraria. Por ello, el período de 1859 a 1860, cuando la insurrección se concentra y cobra fuerza en los llanos apureños, portugueseños y barineses, es visto como el año de la gran amenaza, de la grande peur. De allí la insistencia de muchos autores en destacar los aspectos de «barbarie» que caracterizaron muchos episodios de la contienda. Pero ya muerto Zamora y dispersado el Ejército federalista después de Coplé, el impacto social del movimiento se atomiza. Las tropas federales, armadas de formularios en blanco firmados por Falcón o por otros jefes, otorgaban ascensos y títulos militares a lo largo y ancho del país. Como señala José Gil Fortoul «…había coroneles y capitanes analfabetos, y antiguos esclavos convertidos en generales; ellos no sabían leer ni escribir, pero todos tenían licencia para saquear, destruir y matar…» Sin embargo, en términos de sus consecuencias, la Guerra Federal no modificó las estructuras de una sociedad agraria tradicional. La solución conciliatoria adoptada con la firma del Tratado de Coche, en abril de 1863 consagró el triunfo nominal de la Federación, aunque en la práctica este principio político nunca pasó de ser una ficción. Falcón distribuyó liberalmente los frutos de la victoria entre él mismo y sus compañeros más allegados. Se le atribuye en ese sentido al general federalista José Loreto Arismendi la cínica o desencantada declaración «…luchamos cinco años para sustituir Ladrones por Ladrones, Tiranos por Tiranos…» Al lado del «blancaje» que seguía en la cúspide del poder político y económico, comenzaron a figurar apellidos de «origen oscuro», surgidos de la lucha. Pero, dentro de la realidad histórica concreta de la Venezuela de mediados del siglo XIX, el fundamento material de una sociedad oligárquica continuaba intacto. «Crisol de la igualdad social», «insurrección campesina», «guerra revolucionaria», «guerra racial», han sido algunos de los calificativos con los cuales se ha intentado caracterizar la Guerra de los Cinco Años. El debate en torno al federalismo nunca pasó de ser un intercambio ideológico entre las élites políticas del país. Quizás, entonces, deba buscarse el significado más profundo de la Guerra Federal en el proceso integrador que representó para 2 sociedades venezolanas antagónicas y en pugna. N.H.V. |
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Ezequiel Zamora
Los años que transitan de la infancia a la adolescencia cuentan con la compañía y las noticias de Caspers, a las cuales se agrega la presencia y la posición progresista del abogado José Manuel García, también vinculado a su familia; éste último le explica filosofía moderna, historia universal y fundamentos de derecho romano, hablándole también de los «principios de igualdad» y de la necesidad de su implantación en Venezuela. No se sabe qué entendía el abogado por «principios de igualdad», seguramente la necesidad de hacer cumplir las promesas de justicia pendientes desde la Independencia. Provisto de estas ideas en torno al mundo y al cambio social, el joven Zamora comienza a viajar hacia el Guárico con el objeto de comerciar con ganado, pero pronto se establece en Villa de Cura (Edo. Aragua) para fundar una tienda de víveres. La tienda prospera por la seriedad que pone en sus tratos el recién llegado, quien expande sus nexos mercantiles, apenas reducidos al menudeo de reses, caballos y productos agrícolas, hasta las aledañas localidades de Cúa, San Francisco, San Juan, San José, El Pao, Calabozo y algunas aldeas de Apure. El desarrollo de su prestigio de comerciante probo y de sujeto respetuoso en las transacciones con los modestos clientes lo convierten en una respetable referencia en el mundillo de los negocios locales, situación que ya es una realidad estable cuando comienzan en Caracas, los enfrentamientos cuyo desarrollo provocará la escisión del grupo político dirigente. La brecha entre los descontentos y el gobierno aumenta hasta el punto de que el malestar junta las voluntades refractarias en un movimiento cuya primera evidencia de oposición frontal es la fundación del Partido Liberal y la edición de El Venezolano en 1840. El general José Antonio Páez es la cabeza del sector oficial y Antonio Leocadio Guzmán desde las columnas de El Venezolano se convierte en jefe de la bandería antagónica. Las críticas del liberalismo originan un animado debate a través de la prensa y un interés cada vez mayor por los negocios públicos. Merced al carácter sencillo de las censuras a la gestión gubernamental hechas a través de El Venezolano y otros periódicos que lo imitan en provincia, nace un movimiento liberal masivo en el cual se inscribe el joven pulpero de Villa de Cura. Desde la fundación del partido, Zamora se convierte en dirigente regional y en lector asiduo del periódico oposicionista. Quienes ya lo conocen por su intachable desempeño como mercader parroquial, se aproximan confiados a escuchar el mensaje que comenta siguiendo las pautas de la prensa partidaria. Mas su discurso no es idéntico al de los voceros liberales. A los editoriales políticos, agrega comentarios sobre la injusticia predominante, sobre la mala distribución de la tierra y sobre la explotación del pueblo por los «godos», en un lenguaje tan llano como el del pueblo. Los campesinos que, en crecido número, habitan una región en la cual se siente seriamente la crisis agrícola y el peso del latifundio, encuentran un nuevo líder en Zamora quien explica, de manera tan próxima a sus problemas, los planteamientos del Partido Liberal. Por consiguiente, el influjo de Zamora traspasa los confines mercantiles para fraguar un ascendiente que controla poco a poco a la gente humilde. A la sazón aumenta la beligerancia de los liberales en la capital y crece el prestigio de Antonio Leocadio Guzmán, de cuyas prédicas surge la primera clientela masiva en torno a una bandería política. A partir de 1843, se profundiza la crisis económica y brotan signos de malestar que anuncian la proximidad de una convulsión. Cuando el general Carlos Soublette accede a la presidencia ese año, suben de tono la crítica a los «godos» y el ardor de la polémica. Zamora asienta entonces su influjo como jefe regional del liberalismo, cuya campaña proselitista dirige con vistas a las elecciones de 1846. Se presenta en ellas como candidato a «elector» por el cantón de Villa de Cura, pero su nominación es objetada a través de procedimientos que él y sus partidarios tildan de compulsivos e ilegales. El episodio refleja una tensa situación a escala nacional, cuyo cruento desenlace pretende evitarse mediante una entrevista entre José Antonio Páez y Guzmán. El jefe liberal cuenta a Zamora entre su comitiva y en su guardia de honor, pero la reunión de los 2 líderes es frustrada por alzamientos espontáneos de campesinos en la región central que obligan al séquito liberal a dispersarse. Zamora llama inmediatamente a «hacer la guerra a los godos» en beneficio de los pobres, mientras Páez es nombrado jefe del ejército. En definitiva, Zamora se levanta en armas el 7 de septiembre de 1846, en la localidad de Guambra. «Tierra y hombres libres», «Respeto al campesino», «Desaparición de los godos», son las consignas esenciales de quien la gente comienza a llamar «general del pueblo soberano». A poco reconocen su jefatura, El Indio Francisco José Rangel, quien antes ha asaltado la hacienda Yuma de Ángel Quintero, figura clave del oficialismo; Zoilo Medrano y José de Jesús González, el Agachado, que ya han propuesto la libertad de los esclavos y la muerte violenta de los blancos. Se trata de líderes analfabetas de procedencia genuinamente popular, que ven en su nuevo jefe el factor de cambio real. Con un ejército de base campesina, Zamora entra en San Francisco de Tiznados y libra las acciones victoriosas de Los Bagres y Los Leones, pero debe batirse en retirada después del combate de Pagüito. No pierde entonces oportunidad de insistir en la urgencia de una transformación que favorezca a los pobres. El 26 de marzo de 1847 es capturado y puesto a disposición del juez de primera instancia, en Villa de Cura; el tribunal lo condena a muerte el 27 de julio, pero lo libra del cadalso su fuga de la cárcel. Luego, el presidente José Tadeo Monagas le conmuta la pena y lo coloca a su servicio en el batallón de Villa de Cura. Entre enero de 1848 y septiembre de 1849, Zamora participa en las campañas del gobierno contra el paecismo alzado. Barinas, Quisiro, Cabimas y San Carlos, son los sitios en los que demuestra su valor y su talento militar. Le corresponde entonces la responsabilidad de conducir prisionero a Páez, de Valencia hasta Caracas. En adelante, ocupa la comandancia de las siguientes guarniciones durante el monagato: Maracaibo, Ciudad Bolívar, Barcelona y Cumaná. Se le asciende al grado de general de brigada en 1854; pero no sólo lo favorece la fortuna desde el punto de vista castrense: en 1856 se casa con Estefanía Falcón, viuda de un propietario extranjero y hermana del general Juan Crisóstomo Falcón, factor político de importancia en el occidente del país; oficia las nupcias el arzobispo Silvestre Guevara y Lira y es testigo la esposa del presidente José Tadeo Monagas. Zamora se retira entonces del servicio activo para fomentar las fincas de su esposa, en la provincia de Coro. Retorna a la vida pública cuando estalla la Revolución de Marzo de 1858 que, junto con los principales cabecillas del liberalismo, lo persigue y lo condena al exilio. En Curazao anima inmediatamente clubes federales y establece contacto con sectores subversivos de occidente, mientras Juan Crisóstomo Falcón hace lo mismo desde la isla de Saint Thomas. Los alzados que provocan el estallido de la Guerra Federal en Coro, el 20 de febrero de 1859, reconocen a Falcón como caudillo supremo del movimiento; con el objeto de ponerse al frente de las operaciones bélicas, el 23 de febrero Zamora desembarca en La Vela de Coro. Denominándose jefe de operaciones de occidente, hace que Coro se constituya en estado federal (25.2.1859) y organiza un gobierno provisional de Venezuela (26.2.1859). Resulta victoriosa la campaña que entonces realiza, gracias a la movilidad y disciplina que imprime a un ejército popular que crece constantemente, tanto en número como en entusiasmo, debido a su influencia personal. El 23 de marzo, triunfa en el encuentro de El Palito, a partir del cual planifica sus movimientos hacia los llanos occidentales. Toma San Felipe el 28 de marzo y reorganiza la provincia como entidad federal con el nombre de estado Yaracuy. A continuación, hace triunfales entradas en Yaritagua y Cabudare, mientras los jefes del gobierno lo persiguen sin ofrecerle combate. Primero León de Febres Cordero y luego, José Escolástico Andrade y José Laurencio Silva, fracasan en el objetivo de detenerlo. La lentitud y las previsiones del Ejército constitucional le permiten marchar con comodidad hacia Portuguesa, en cuyo territorio obtiene un sonado triunfo cuando bate a las fuerzas del gobierno en Araure, el 5 de abril de 1859. Después de intentar sin éxito la toma de Guanare, marcha hacia Barinas, cuyo asalto emprende el 16 de abril; ante la resistencia de los defensores, ordena el incendio de la plaza y se retira hasta San Lorenzo, donde aumentan sus tropas por la incorporación de nuevos contingentes populares. Con mayor fuerza intenta de nuevo la captura de Guanare, pero ante la proximidad de un poderoso ejército central, debe conformarse con entrar a la desguarnecida plaza de Barinas. Allí establece un nuevo estado federal y recibe el título oficial de valiente ciudadano (14.6. 1859). Dedica entonces 3 meses a la organización de sus fuerzas, con vistas a realizar una acción decisiva que le permitiese después la marcha hacia el centro. Tal acción es la batalla de Santa Inés, ocurrida el 10 de diciembre de 1859, en la cual derrota al Ejército centralista; se considera esta batalla como fundamental en el proceso de la Guerra Federal y como testimonio de las excepcionales cualidades de Zamora como conductor de tropas. Después de Santa Inés, el Valiente Ciudadano toma rumbo hacia el centro del país, a través de Barinas y Portuguesa, pero antes de aproximarse a Caracas, resuelve el asalto de la ciudad de San Carlos; durante las acciones preliminares para la toma de la plaza, recibe un balazo en la cabeza que le produce la muerte. Su deceso tuerce el rumbo positivo que tomaba el conflicto para los federalistas y produce la pérdida del más importante líder popular venezolano del siglo XIX. En la primera estación de su carrera política (1840-1847) insiste en planes que, como el reparto de las tierras y la liquidación de los «godos», implican un designio de carácter revolucionario. Durante la Guerra Federal, aparte de preparar con extraordinaria lucidez la estrategia castrense, se ocupa esencialmente de organizar las entidades federales y en afinar los mecanismos políticos de la futura nación, sin insistir en la orientación social del principio. Sus restos reposan en el Panteón Nacional desde el 13 de noviembre de 1872. E.P.I. |
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Dirigente
popular y estratega militar, primer caudillo de los movimientos sociales en
el siglo XIX venezolano. Hijo de Alejandro Zamora y de Paula Correa,
modestos propietarios pertenecientes al estrato de los «blancos de orilla».
Recibe la rudimentaria instrucción que podía brindarle una zona rural
todavía convulsionada por las luchas de la emancipación. Luego, en Caracas,
prosigue estudios primarios en la escuela lancasteriana. Es la única
educación formal que conoce. Sin embargo, gracias al temprano acercamiento a
su cuñado, el alsaciano Juan Caspers, adquiere informaciones sobre la
situación política y sobre los movimientos revolucionarios de Europa, por
cuyas contingencias se interesa en extremo. 
